Uruguay tiene una de las políticas más abiertas de América Latina para la inversión extranjera. Los inversores extranjeros reciben el mismo trato que los nacionales, sin restricciones para la compra de propiedades, establecimiento de empresas o repatriación de utilidades. No existen sectores vedados a la inversión extranjera, con excepción de algunas áreas muy específicas vinculadas a la seguridad nacional. Tampoco hay controles de cambio ni limitaciones para la tenencia de moneda extranjera. Esta apertura está respaldada por la Ley de Inversiones (Ley 16.906), que garantiza explícitamente la igualdad de trato y protección para inversores de cualquier nacionalidad.

Uruguay ofrece diversos incentivos fiscales para atraer inversiones. El principal es el régimen de promoción de inversiones, que otorga exoneraciones del Impuesto a la Renta Empresarial (IRAE) de hasta el 100% del monto invertido, dependiendo del puntaje obtenido en una matriz que evalúa la generación de empleo, descentralización, aumento de exportaciones, innovación e impacto ambiental. Otros incentivos incluyen las Zonas Francas, que exoneran de todos los impuestos nacionales (excepto contribuciones a la seguridad social) a las empresas instaladas; la Ley de Vivienda Promovida, que otorga beneficios para desarrollos inmobiliarios que cumplan ciertos requisitos; y el régimen de Puerto y Aeropuerto Libre, que facilita operaciones logísticas sin carga tributaria. Además, Uruguay tiene un régimen especial para personas físicas que se establecen en el país (tax holiday), que exonera de impuestos a las rentas de fuente extranjera durante los primeros años de residencia fiscal.

El proceso de compra de propiedades en Uruguay es seguro y transparente. Inicia con una reserva y firma de un boleto de reserva que establece las condiciones básicas. Luego se realiza el estudio de títulos por un escribano (notario), quien verifica que la propiedad esté libre de gravámenes y que el vendedor tenga plenos derechos sobre ella. Posteriormente se firma el compromiso de compraventa con el pago de una seña (generalmente 10% del valor). Finalmente se realiza la escritura definitiva ante escribano, donde se paga el saldo y se transfiere la propiedad. Los costos asociados incluyen honorarios del escribano (3% aproximadamente), impuesto a la transferencia (2% del valor catastral), y comisión inmobiliaria si interviene un corredor (3% + IVA). Es importante mencionar que no existen diferencias en el proceso o en los derechos para compradores extranjeros versus nacionales.

La estructura societaria más utilizada por inversores extranjeros en Uruguay es la Sociedad Anónima (S.A.), que ofrece responsabilidad limitada a los accionistas y no requiere que estos sean residentes uruguayos. Otra opción popular es la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), apropiada para emprendimientos medianos con pocos socios. Para inversiones inmobiliarias específicamente, los Fideicomisos son cada vez más utilizados por su flexibilidad y protección patrimonial. Las empresas unipersonales son simples de constituir pero implican responsabilidad ilimitada. Para inversores que buscan confidencialidad y planificación patrimonial, las Sociedades Anónimas con acciones al portador (aunque ahora están sujetas a registro de beneficiario final) o las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI) pueden ser opciones a considerar. La elección de la estructura óptima dependerá del tipo de inversión, montos involucrados, cantidad de socios y planificación fiscal internacional del inversor.

Uruguay ofrece un proceso relativamente sencillo para obtener la residencia fiscal, lo cual resulta atractivo para inversores internacionales. Existen dos vías principales: la primera es permanecer más de 183 días durante el año calendario en territorio uruguayo. La segunda vía, introducida más recientemente, es tener en Uruguay el "núcleo principal de actividades" o "intereses económicos", lo que se puede demostrar mediante una inversión inmobiliaria de aproximadamente USD 1,7 millones (actualmente 15 millones de UI) o iniciando un negocio que emplee al menos 15 trabajadores a tiempo completo. La residencia fiscal uruguaya resulta ventajosa porque el país aplica el principio de territorialidad en la imposición, gravando principalmente las rentas de fuente uruguaya. Además, los nuevos residentes fiscales pueden beneficiarse de un "tax holiday" que exonera de impuestos a las rentas de capital mobiliario de fuente extranjera durante un período de hasta 11 años.